Titulo Revista 118

 

 

EDITORIAL

Aparentemente la financiación de la educación pública es un asunto de economistas, que compete directamente al Ministerio de Hacienda y tiene que ver con la aplicación de la legislación sobre la manera como se reparten los ingresos corrientes de la nación para la educación en las regiones. Pero una reflexión más profunda y crítica, nos muestra que estas decisiones están dirigidas por un modelo de política neoliberal que basado en la globalización de los mercados y la injerencia, cada vez mayor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial viene imponiendo a Latinoamérica desde los años 90.

Este modelo considera que los países que requieren préstamos para solucionar sus déficits fiscales deben realizar una serie de ajustes financieros en lo que se ha denominado financiación de la demanda, que consiste en establecer unos criterios técnico-instrumentales para medir y cuantificar los costos por cada estudiante, los espacios por estudiante en el salón de clase, el número de profesores por grupo los indicadores de eficiencia, eficacia, contabilidad, pago por mérito, incentivos, en un afán delirante por medirlo todo para tener información que permita construir indicadores de calidad a la manera de las empresas.

Estos condicionamientos, para el caso colombiano, que tiene hoy por hoy la mayor deuda externa de todos los tiempos y que necesita recursos para pagar sus intereses, se han visto reflejados en ajustes constitucionales y legislación que afectan profundamente la naturaleza y fines de la  educación.

La Constitución Nacional  del 91 estableció el sistema general de participación como un mecanismo para garantizar una adecuada financiación descentralizada y creciente a la inversión social en educación, salud, agua potable, de acuerdo con los ingresos corrientes de la nación…pero las exigencias del Banco Mundial obligaron al gobierno de Pastrana, siendo Ministro de Hacienda Santos, a realizar reformas constitucionales mediante el acto legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 del mismo año, que propinó un verdadero golpe a la financiación y de paso le hizo conejo a la Constitución Nacional .

Los efectos de esta reforma financiera neoliberal se agudizan en el gobierno de Santos y tienen profundas consecuencias para el estatuto docente, para la privatización de la educación y para los compromisos de los Acuerdos de la Habana.