La financiación de la educación:

Entrevista a Ilich Gustavo Ortiz Wilches

A19 05 Art2Revista Educación y Cultura: ¿Cuál es su visión, como economista, del modelo de financiación agendado por la OCDE para Educación?

Ilich Ortiz: En principio, Colombia tiene un esquema de financiamiento compartido, es decir, a nivel nacional participa con otras instancias del Gobierno, particularmente con las entidades territoriales, es así como la principal fuente de financiación que tiene la educación pública (la de preescolar a media) en Colombia es el Sistema General de Participaciones (SGP) las Transferencias Territoriales.

La Constitución del 91 dijo que la educación en Colombia se iba a descentralizar, lo que significaba que los responsables de contratar los docentes, de mantener los colegios y de asegurarse de que todos los niños, niñas y jóvenes tuviesen un cupo en la escuela serían los municipios y los departamentos, no el Ministerio de Educación, y el Gobierno Nacional se comprometía como contraparte a girarle una partida importante de recursos que se llama el Sistema General de Participaciones (SGP) o las Transferencias Territoriales.

Desde la Constitución del 91 existía el compromiso de que el Gobierno Nacional recaudaba los impuestos a nivel nacional, por ejemplo, el impuesto del valor agregado (IVA) o el impuesto a la renta y le devolvería a los municipios y a los departamentos el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. En principio, el acuerdo estaba bien porque implicaba que de cada cien pesos recaudados casi la mitad se iba para salud, educación y agua potable que fueron los tres servicios que se descentralizaron y algunas otras cosas adicionales.

Sin embargo, este compromiso se incumplió a partir del año 2001 con una reforma constitucional, es decir, lo que pactaron los constituyentes fue transformado radicalmente por el gobierno de Pastrana y su Ministro de Hacienda del momento Juan Manuel Santos, ellos promovieron una reforma constitucional para recortar las transferencias, ésta se planteó en un contexto de crisis económica y sería temporal. Planteaba que ya no sería el 46.5% de los ingresos de la nación lo que se giraría a los municipios y departamentos por transferencias territoriales, sino que se haría una bolsa con lo que se les hubiese girado en el 2001 y luego esa bolsa iba a crecer apenas la inflación más unos puntos adicionales muy pequeños, pero ese recorte se planteaba como algo temporal por la crisis económica de finales de los años 90.

En el 2007 bajo el Gobierno de Álvaro Uribe y su ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, (actual ministro de Hacienda 2020) se promovió una segunda reforma constitucional para volver permanente ese recorte, plantearon que hasta 2016 iba a seguir creciendo la bolsa con unos puntos adicionales por encima de la inflación pero que a partir del año 2016 ya no se iba a garantizar ningún crecimiento real, sino que se aplicaría una fórmula automática vinculando el crecimiento del recaudo de los ingresos corrientes de la Nación, ya no una porción del 46.5% sino la tasa de crecimiento de los últimos cuatro años, en términos económicos un “promedio inmóvil” que muestra en los últimos cuatro años los ingresos corrientes de la Nación, y ese es el crecimiento que se aplica a la bolsa de las Transferencias Territoriales también llamadas Sistema General de Participaciones (SGP) eso generó una caída nominal y por lo tanto real de los recursos disponibles para educación.

Desde 2017 empezamos a tener un déficit de más o menos 700 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos que a partir de entonces se convirtió en un déficit sistemático y endémico, en 2018 fue mucho más grave porque el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años (2014, 2015, 2016, 2017) tuvo el impacto de la caída del precio del petróleo que a su vez golpeó profundamente la financiación disponible para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En el caso concreto de la educación se tuvieron que recortar dos partidas muy importantes; la partida de Gratuidad que va directamente a los colegios por estudiante, que era de más o menos 110 mil pesos por estudiante en promedio en Colombia y la disminuyeron a 87 mil un recorte de un 20% aproximadamente algo que nunca volvió a recuperarse ni antes ni ahora en el 2020. La partida que va dirigida a los municipios no certificados con la que usualmente se financia el transporte escolar, también se recortó incluso más que la de gratuidad, llegó a recortarse en cerca de un 30 a 35%, es la primera vez que desde la Constitución del 91 caían en términos nominales y reales los recursos destinados a la Educación Pública por estudiante per cápita.

REC:: ¿De acuerdo con su respuesta el compromiso del Gobierno con FECODE tiene futuro o que cree qué va a pasar?

I.O: FECODE tiene muy bien diagnosticado el problema del financiamiento y empieza a plantear desde el año 2015 en sus negociaciones bianuales con el Gobierno una nueva reforma constitucional que devuelva las Transferencias Territoriales que dejaron de recibir hace 17 años que se podrían calcular en cerca de 350 billones de pesos que dejaron de ir a las transferencias territoriales y cerca de 198 billones de pesos que eran para Educación exclusivamente, una cantidad muy importante de recursos que debieron financiar y fortalecer la canasta educativa. Colombia tiene una Canasta Educativa que es 8 veces menos que el promedio de la OCDE, es el país que menos recursos gasta por estudiante, en primaria y secundaria está invirtiendo de 6 a 7 veces menos de lo que invierte la OCDE.