Titulo Revista 118

 

El Sistema General de Participaciones

y la des-financiación estructural del Derecho humano a la educación

Abr 18 art 2En ausencia de una cláusula que garantice el vínculo entre el monto anual de las transferencias y una participación porcentual específica en los ICN, el final del periodo de transición del SGP lejos de resarcir financieramente a los municipios y departamentos, perpetúa el ajuste fiscal a que se les tiene sometidos desde el 2001, afectando su capacidad para hacer frente a las competencias que la Constitución puso bajo su responsabilidad.

Lo que en un principio se concibió como una disminución temporal del ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales para sobreaguar las penurias fiscales ocasionadas por una crisis económica sin precedentes (1998-2001), terminó constituyéndose en un estrangulamiento permanente de los recursos a los que, de acuerdo al espíritu constitucional, tienen derecho las entidades territoriales (ET).

Sea en las vacas flacas de la susodicha crisis, sea en las vacas gordas de los años de la bonanza petrolera (2007- 2014), cuando, valga decirlo, los ICN crecieron a ritmos nunca antes vistos, el Gobierno Nacional institucionalizó el hábito de sustraer los recursos de las transferencias (facultado por los actos legislativos mencionados) y utilizarlos de manera discrecional en gastos del nivel central, como el aumento del gasto militar (represión), la ampliación de los subsidios monetarios focalizados (asistencialismo) y el oneroso servicio de la deuda (renta financiera).

En la actualidad, la disminución de la participación de las transferencias en el presupuesto global del Estado es patente, y no se va a recuperar con el tenue cambio en su ritmo de crecimiento que estipula el fin del periodo de transición, específicamente porque el piso del cual se parte para su recuperación es excesivamente bajo (29,3% del PIB) comparado con el acuerdo de la Constitución de 1991 (46,5% del PIB). Por ello, se puede afirmar que se le sigue haciendo conejo a las ET y, por esta vía, a los derechos fundamentales de los ciudadanos que en ellas habitan y que, en virtud de este ajuste continuado, dejan de recibir bienes y servicios públicos de calidad. Cabe preguntarse si este estado de cosas es consistente con una supuesta apertura democrática del régimen político y la construcción de una paz duradera en los territorios, condiciones de un escenario real de post-conflicto.

Este artículo apunta, precisamente, a tratar la problemática del ajuste a las transferencias territoriales y sus impactos en el sector educativo y, para ello, aborda en las dos primeras secciones el origen y dimensión de ese ajuste, en una tercera sección, las consecuencias sobre la desfinanciación de la educación, en la cuarta sección, la situación actual en el periodo de gobierno

Santos II (2014-2018) y, para finalizar, una reflexión propositiva sobre las luchas sociales de cara a lograr una financiación plena para el derecho humano a la educación (DHE)