Enseñanzas de la lucha

por el Estatuto Docente 2277 DE 1979

26012020 art3En la lista de los hitos de la lucha del magisterio colombiano se inscribe con nitidez la conquista del estatuto docente establecido en el Decreto Ley 2277 de 1979. Su importancia está a la par con la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en la ley 91 de 1989 y la financiación creciente alcanzada en la ley 60 de 1993. La Ley General de Educación, con la autonomía escolar, es la cumbre de esas victorias. Caso aparte es la nacionalización de la educación establecida en la ley 43 de 1975, que no fue fruto de un acuerdo del magisterio con el Gobierno, por el contrario, se le calificó de “falsa nacionalización de la enseñanza”.

Cuarenta años después de la expedición del 2277 y a los diecisiete años de la derrota de 2001, como consecuencia de la cual se impusieron el Acto Legislativo 01, la ley 715 y el estatuto 1278, reduciendo los recursos hasta el punto de perder la educación más de cien billones en lo que va corrido, sometieron a los nuevos maestros a la inestabilidad y a bajos salarios, es imprescindible hacer un análisis de las condiciones que permitieron alcanzar el acuerdo del estatuto 2277. Ello implica poner la prolongada batalla que dio FECODE en el contexto nacional e internacional, estudiar las condiciones organizativas e ideológicas, la fluctuación de la correlación de fuerzas y la dirección que le diera el Comité Ejecutivo.

La lucha del magisterio colombiano, que asume una fuerza notable a partir de la sexta década del Siglo XX, se da en el marco de la dominación del imperialismo norteamericano sobre Colombia, que comenzó con el robo de Panamá en 1903, variando de táctica cuatro veces en lo corrido del siglo, pero no su estrategia.

El imperialismo necesita exportar los capitales que tiene en exceso, en forma de deuda pública o privada y de inversión directa y para ello requiere de una modernización limitada que no ponga en riesgo su dominio neocolonial. Entre las medidas modernizantes estaba la formación de mano de sobra con algún grado de calificación.

La educación pública de las primeras décadas del siglo XX no estaba en condiciones de formar esa mano de obra: tenía una muy baja cobertura y calidad, había pocos maestros, su formación era insuficiente, en el mejor de los casos normalistas o unos pocos egresados de las facultades de educación (Instituto Pedagógico Nacional Femenino, la Facultad de Educación de Tunja, la de Bogotá) y estaban sometidos a bajos salarios, golpeados por la legendaria impuntualidad en el pago, la dependencia de departamentos y municipios carcomidos por el atraso y la corrupción, la inestabilidad laboral, la inexistencia de un estatuto que profesionalizara y garantizara los ascensos, la precariedad de las prestaciones sociales, la privatización y el control asfixiante del Estado y la iglesia sobre la enseñanza.