TITULO REV 125

 

 

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

FORMATIVA DE LOS DOCENTES

DEL SECTOR PÚBLICO EN COLOMBIA

 

La evaluación de los docentes del sector público en Colombia está reglamentada por algunos marcos normativos que han sido modificados en el curso de coyunturas relacionadas con controversias entre el magisterio y el gobierno nacional. Una de las pretensiones más importantes para los docentes es el mejoramiento de sus condiciones salariales, pero, en muchos casos, estas se han visto frustradas porque los resultados de los procesos de evaluación no cumplen con los requerimientos mínimos exigidos, por tanto, solo porcentajes bajos de los docentes que se han postulado a los procesos de evaluación para ascenso o reubicación salarial logran cumplir el proceso de manera satisfactoria.

Actualmente los docentes colombianos del sector público están reglamentados por dos normas diferentes, que regulan el escalafón docente, es decir, el sistema de clasificación que determina el salario que recibe cada docente por su labor. El Decreto 2277, expedido en 1979, “establece el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional” (Colombia, 1979). Esta norma reglamenta como requisitos para el ascenso en el escalafón docente el tiempo de servicio, es decir, la cantidad de tiempo que el docente ejerce el cargo, la presentación de título docente distinto del que le sirvió para la inscripción en el escalafón y, finalmente, los cursos de capacitación y actualización.

El Decreto 1278 sancionado en el año 2002, por otro lado, planteaba un escenario novedoso para los docentes que ingresaron al servicio público, la pretensión de profesionalización propuso el ingreso al servicio público mediante el proceso de concurso de méritos, debidamente reglamentado.

Esta condición tuvo como propósito lograr la objetividad en la selección de los docentes del sector público mediante procesos de “evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera decente” (Colombia, 2002). El 1278 se acerca a la perspectiva que sugiere que contar con mejores profesores se traduce en mejoramiento de la calidad educativa. Esta idea ha sido desarrollada por experiencias, consideradas exitosas –e inspiradoras- en América Latina, como el Marco de la Buena Enseñanza en Chile (Vaillant, 2008).

Además del ingreso a la carrera docente, el Decreto 1278 reglamentó la estructura del escalafón docente y los procesos de reubicación en la estructura de una manera radicalmente distinta a la de su predecesor, el 2277. En primer lugar, las evaluaciones reglamentadas en el 1278 fueron una pauta novedosa basada en la lógica de la importancia de evaluar para mejorar la calidad educativa. El Decreto 1278 propone por lo menos tres tipos de evaluación: evaluación de periodo de prueba, evaluación periódica de desempeño anual y evaluación de competencias. El escalafón docente en el decreto 1278 consta de tres niveles (A, B y C), cada uno con 4 grados (1, 2, 3 y 4). El movimiento entre diferentes niveles genera un incremento de la asignación salarial. En el caso de movimiento entre niveles, se denomina ascenso, y en el caso de grados, reubicación salarial. En ambos casos se requiere, de acuerdo a lo reglamentado, la presentación de una evaluación de competencias, administrada por el ICFES, como entidad oficial que tiene a cargo el proceso de evaluación de la educación en todos sus niveles.

Desde la implementación del Decreto 1278 el ascenso y reubicación salarial se realizó por medio de la aplicación del examen escrito, mencionado anteriormente. Si bien, la prueba empezó a presentarse anualmente, previa convocatoria realizada por el ICFES, los resultados de la misma no eran los esperados. Se generó una aguda controversia ya que muchos docentes afirmaron que la evaluación no era un mecanismo eficiente para medir la calidad y, sobre todo, que no garantizaba el mejoramiento de las condiciones salariales de los docentes debido al bajo porcentaje de estos que aprobaban.