Titulo Revista 118

 

 

El zarpazo final de Santos a la educación:

Nuevo recorte de transferencias y de recursos

Abr 18 Art 3Debido a la retoma del artículo 357 de la Constitución, para 2017, el monto total de las transferencias disminuyó en casi 900 mil millones de pesos, el 2,36%, frente a lo que se elevaría respecto a la fórmula anterior, y el relacionado con la educación se resiente aún más, no solo porque decayó dicha suma global sino porque además se perdió el 1,8% adicional contemplado hasta 2016, lo cual reduce los recursos respectivos en 1,175 billones de pesos, un equivalente al 5,24% del valor esperado de haberse aplicado la fórmula anterior.

El gobierno de Santos corrió presuroso a retomar los ICN como base para las transferencias, el mismo Santos que en 2001 como ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana los desechó como fuente, consciente no solo de que iba a trasladar menos recursos para 2017, sino que hacia el futuro arranca con una base reducida en 2,36%. De ese modo aplica una soterrada Reforma Tributaria que le produce -de entrada- un ahorro de cerca de un billón de pesos afectando, pese a su falsa retahíla sobre “Colombia, la más educada”, a la educación pública del país.

Y, si para definir la bolsa de 2018, el crecimiento de los ICN de 2017 respecto a 2016 llegara a ser inferior a 5,63%, que fue el porcentaje de elevación entre 2013/2012 que es al que reemplazará entonces en el mecanismo de fijación del alza del SGP, la lesión a las transferencias en los últimos los años de Santos para municipios y departamentos será aún mayor y para la educación podría significar más de dos billones para ese último periodo de su segundo mandato.

Y si a lo anterior se agregan los efectos que tendría el Proyecto de Ley “Por el cual se regula la política de gasto público en subsidios…”, también promovido por el DNP y al tenor de los dictados de la OCDE, el daño de la administración Santos contra la educación pública no tendría antecedentes.

Dicho Proyecto se centra en que “muchos de los programas involucrados se encuentran mal focalizados hoy día, lo que en ocasiones implica ineficiencia y regresividad en el gasto público”. El DNP ha puesto entre tales programas “los relacionados con la educación” y entre ellos destaca que “la mayoría de estos recursos fueron destinados a financiar la gratuidad de la educación básica y primaria en instituciones públicas oficiales”, que los estima en $18,1 billones (2015).

Es decir, más allá de afanes fiscales, se vislumbra que el gobierno de Santos intentará hacer una reforma constitucional contra el artículo 67 de la Constitución, que prescribe la gratuidad de la educación en las instituciones del Estado.1