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Sueños de futuro y territorios de paz:

La universidad de cara al posconflicto

Al leer las aspiraciones de estas futuras ex combatientes, hay algo que llama la atención: todas tienen la meta de estudiar, todas quieren ir a la universidad. Diana Marcela, por ejemplo, quiere terminar su bachillerato y estudiar luego fotografía; Johana, Mayerli y Yiceth buscarán ser enfermeras en un futuro, Sofía quiere estudiar Derecho; Carolina y Yuri Ingeniería; Yeimi Nuevas Tecnologías, mientras que Derly quiere ser médica algún día y, finalmente, Rubiela ambiciona ser odontóloga. Diez propósitos que pretenden ser materializados, diez deseos particulares que se han formado en el vaivén del conflicto armado.

Pero sus aspiraciones no son nuevas. Si se revisa el documento Análisis del desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia 2006 – Junio 2014, realizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Contraloría General de la República en 2014, se puede apreciar que el 96% de los adultos desmovilizados, hombres y mujeres, tienen como una de sus principales metas, ya sea empezar, retomar o culminar sus estudios2. En este reporte se señala que la posibilidad de educación contribuye a disminuir el riesgo de los excombatientes a nuevas vinculaciones a grupos armados ilegales, logra mejorar sus condiciones y capacidades para acceder al mercado laboral y, sobretodo, permite la participación en procesos de formación del ejercicio pleno de su “nueva ciudadanía”, lo cual empodera socialmente a los antiguos combatientes, facilita procesos de reconstrucción social y permite generar grados de capital social en comunidades que fueron afectadas por la guerra.

Bajo este contexto vale la pena preguntarse ¿están las universidades colombianas preparadas para asumir el reto de formar en competencias, profesiones y dimensiones ciudadanas a quienes alguna vez fueron combatientes? ¿Qué procesos deben generar las universidades colombianas con el ánimo de (re)crear modelos pedagógicos y escenarios de interacción que faciliten la reconstrucción social del país? Con estas preguntas como telón de fondo, hay dos retos que, a nuestro modo de ver, se consolidan como estratégicos para abordar la relación entre la universidad y el posconflicto, los cuales desarrollamos en este escrito.

En este sentido hay que alertar sobre dos posiciones que podrían asumir las 300 Instituciones de Educación Superior que existen hoy, de las cuales solamente 30 son públicas: ampliar su oferta de programas virtuales o a distancia en todas las regiones marcadas por el conflicto, sin reformar  sus currículos ni articular los saberes de los excombatientes a los saberes disciplinarios ofrecidos, es decir “más de lo mismo”, o acudir a la figura de los diplomados con una intensidad de 120 horas para mostrar indicadores de gestión ante el Ministerio de Educación, en la visión equivocada de que lo que se necesita es darles un cartón. Particular responsabilidad tienen las Universidades públicas que aunque en minoría, por ser públicas les cabe asumir las respuestas a las problemáticas nacionales desde su misión de investigación, docencia y proyección social.